A estas alturas, faltan horas para que el canal de televisión más antiguo de Venezuela concluya sus transmisiones y devuelva al Estado una frecuencia de VHF.
El Estado venezolano ya preparó la sustitución: un canal estatal denominado TVes. Se espera que sea un canal adicto al gobierno.
Desconozco la legislación venezolana ni el caso concreto. Aunque Chávez asegura que la concesión de la frecuencia acaba en 2008, los directivos de Radio Caracas Televisión (RCTV) afirman que su derecho rige hasta 2022 (o hasta el 2027, según interpretaciones).
En principio, uno creería que es una forma de coerción a la libre expresión y un mecanismo de silenciar una voz crítica del gobierno de Chávez, autoritario en muchos aspectos.
PERO, no hay que olvidar un tema central: las frecuencias del espectro radioeléctrico son del Estado y no hay obligación -no puede haber obligación- de renovar las concesiones. Si hubiera esa obligación, aún si sólo fuera una obligación ética y no jurídica, se perdiera la naturaleza de la propiedad fiscal sobre aquella frecuencia específica. La frecuencia es del Estado y el Estado sabrá si quiere o no renovarle. Nadie le puede obligar a renvoar una concesión.
Desconozco asimismo si la Ley que regula el negocio de la televisión en Venezuela establece algún tipo de sanción en caso de directa comisión de delitos a través de, o mediante la, frecuencia concesionada. Sin duda, la parcialidad de RCTV durante los sucesos del 11 de abril y siguientes días se encuadra en, por lo menos, un mal uso de la frecuencia. Es posible que aquello sea causal para no renovar un contrato de concesión. Así que bien podría ser que la decisión de Hugo Chávez, aunque criticada internacionalmente, sea apegada al Derecho venezolano y, por tanto, legítima.
En todo caso, los empresarios que controlan RCTV siguen haciendo uso de su derecho a la libre expresión en Radio Caracas Radio, lo que demuestra que no se trata de ninguna persecusión, sino más bien de una decisión soberana de un Estado que no se somete a los pareceres de los poderes fácticos que controlan ciertos medios.
Ecuador debe tener muy en cuenta este caso y aprender de él por varios motivos:
1. El nacimiento de TVes es una experiencia a tomar en cuenta para cuando se materialice el canal público ecuatoriano. Como se ha señalado repetidamente, las frecuencias en VHF (el mejor apartado de las frecuencias para televisión) están saturadas. Así que el canal público tendría que darse por medio de compra del Estado de una sociedad anónima concesionaria de frecuencias VHF. Por ejemplo, Canal 1, que no da pie con bola (ya renunció a la estrategia de Chespirito+Novelas de Televisa, para ir con series viejas, veamos cuanto le dura).
2. De hecho, el canal público pudiera ocupar una frecuencia no-renovada de alguno de los canales nacionales. Personalmente, si yo tuviera a cargo algo de decisión, no renovara las concesiones que el Estado ha otorgado a Gamavisión y TC Televisión (y sus subsidiarias en radio), pues la forma cómo esos medios han defendido los intereses de la familia Isaías en el atraco bancario es innegable. Esa es, a mi modo de ver, la auténtica miseria humana en los medios, que Correa tanto menta.
3. El gobierno ya va a revisar la correcta entrega de miles de frecuencias, tanto de radio como de televisión. Ahí, en cambio sugiero iniciar con la sospechosa explosión de concesiones en VHF que recibió Canal 1 en el gutierrismo, coincidiendo con el abuso de propaganda gobiernista en dicho canal, como se denunció oportunamente en este blog.
4. Finalmente, sugiero que el gobierno mejore la administración de la autoridad de contol en materia de radio y televisión. En este punto, tarde o temprano saltará un escándalo más en contra del gobierno, cuando se denuncie los graves conflictos de interés que afectan al representante del Presidente de la República en el Consejo Nacional de Radio y Televisión - CONARTEL - y los problemas de nepotismo que se están dando en su seno.
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